Las Fuerzas Armadas y la Araucanía: La ausencia del apoyo del Estado.

Política y estratégicamente, el empleo de las Fuerzas Armadas en la Araucanía es un gran dilema, que complica cualquier esquema o plan de empleo de las mismas. 

Durante los últimos días, encapuchados, terroristas, delincuentes, narcotraficantes o como quiera Ud llamarlos, han seguido cometiendo atentados de diversa magnitud, dejando un saldo de grandes pérdidas económicas y el impedimento para las Fuerzas Armadas de poder desarrollar la labor que se les dispuso en el Estado de Excepción Constitucional, que rige actualmente. 

Desde el punto de vista jurídico, tal vez el estado de excepción dispuesto por la máxima autoridad del país no sea el adecuado para poder accionar de una forma más coercitiva, cuestión que claman, especialmente los habitantes de las zonas comprometidas. 

Los efectivos de las Fuerzas Armadas, trabajan bajo el permanente escrutinio de la sociedad, aquella parte interesada en bloquear su accionar tras implementar el riesgo diario de una acción judicial, para cualquier componente de la Fuerza en operaciones.

Con ello, ¿que militar va a estar dispuesto a imponer la ley por la fuerza sino es por la razón como señala nuestro escudo nacional? Perder su libertad, su carrera y someterse a los tribunales de justicia que actúan fuera del contexto en que los hechos que afectan nuestra Araucanía suceden; es para pensar más de dos veces antes de interactuar con aquella guerrilla constituída por los integrantes ya nombrados.

Lo único que se ha logrado con la acción política es la pérdida del respeto a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Ello lleva claramente a la inestabilidad de la acción y dominio del Estado de una gran zona del país. Y todos sabemos que ello puede decantar en un Estado Fallido, una terrible consecuencia que debemos evitar.
Tácticas de consecuencias estratégicas como las que vivimos en el Sur del país, son modelos conocidos en las artes de la insurrección. En las guerras que han librado las fuerzas de la coalición occidentales frente a los talibanes y otros grupos guerrilleros en el Medio Oriente, las Fuerzas han enfrentado la estrategia de acosar con desinformación, falsedades y rumores que han suspendido el accionar de la fuerza armada regular. 

Todos sabemos que los derechos humanos deben ser respetados. Pero también comprendemos que los mismos son derechos de todos; atacantes y atacados, víctimas y victimarios y es aquí donde el Estado y sus poderes equivocan su evaluación.

La culpa no es del General o Almirante Jefe de Zona que ya empiezan a ser acusados por inacción  o errores de operación. Tampoco de las Instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. 

El problema es la falta de un apoyo político a las acciones que deben ser desarrolladas; esto es; aplicación de una táctica anti guerrillas que sin duda puede traer muertos y los muertos acarrear severos problemas judiciales aún cuando al final de la investigación se encuentre con que los decesos ocurrieron bajo el paraguas de la legítima defensa.

En Haití, las Fuerzas Especiales chilenas enviadas a integrar la fuerza multinacional bajo el Capítulo VII de las Naciones Unidas (Imposición de la Fuerza) se encontraron con similares situaciones. Nadie en Chile estaba dispuesto a hacerse políticamente responsable de un deceso de un comando chileno en pleno enfrentamiento. Las instrucciones que llegaban desde Santiago eran hacer todo lo posible por rehuir el conflicto. Por gracia divina no ocurrió ninguno. 

En los análisis posteriores, se llegó a la conclusión de que la participación militar bajo este Capítulo, fuera solo de apoyo logístico con el objeto de minimizar el riesgo de bajas. 

Actualmente nos encontramos bajo la misma disyuntiva. ¿Se llegará al enfrentamiento con fuerzas irregulares? 
La respuesta creo debe ser entregada por el Estado a través del apoyo legal de operaciones contra facciones guerrilleras, en un contexto de un estado de excepción de sitio que otorgue las atribuciones legales ante las consecuencias de combatir estos grupos irregulares. 

De continuar en la vía actual, el conflicto se está potenciando y aumentando adeptos a cualquier causa que implique atentar contra la vida y los recursos de los ciudadanos que deben ser custodiados por el Estado, con todos los controles anti – abusos y de respeto a los derechos humanos que la clase política quiera implementar. 
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