¿QUÉ NOS PASA CHILE?
Han pasado los años y la frase del Ex Presidente de la República Ricardo Lagos, respecto de que en Chile “las Instituciones funcionan”, cobran añoranza y nos deben llamar a la reflexión.
Ya no es un tema inherente sólo al estallido social. Un “no más” a una complicada sociedad nacional que veía sólo promesas y aumentos de gravámenes. Prácticamente, nada ha cambiado. Por ejemplo, el combustible ha superado la barrera consciente alcanzando los mil pesos por litro y eso en Santiago; puesto en Regiones ese valor puede aumentar entre 200 a 500 pesos más. El descontento que ha generado repercusiones de impacto en aumento en la ciudad de Punta Arenas, es sólo la antesala de un problema que puede ser asumido por gran parte del territorio nacional.
Por otra parte, un catastro de la Fundación Un Techo para Chile muestra un aumento de 81.643 familias viviendo en 969 campamentos en Chile, la cifra más alta desde 1996 entre el 2020 y 2021.
Pareciera paradojal que bajo el mando de un gobierno de derecha, el aumento de campamentos y consiguientes tomas de terrenos, la mayoría de propiedad privada y otros tantos del Fisco, en las ciudades más importantes del país se haya agudizado de tal manera. La derecha chilena es una férrea defensora de la propiedad privada. Sin embargo, un problema que en parte les fue heredado por la anterior administración de izquierda, con una inmigración descontrolada, ha generado impactos elocuentes de muy difícil solución.
Y el tema no termina ahí. Sea por la pandemia, o por las movilizaciones sociales, la pérdida de fuentes de trabajo ha superado las expectativas. Casi humorísticamente el Mercurio de hoy; 30 de Noviembre anuncia una recuperación del 13.3% del empleo en su titular principal. Pero inmediatamente abajo del mismo, reproducen las palabras del Ministro del Trabajo que precisa que parte importante de ese aumento es de características informales. Es decir; el impacto en el movimiento macroeconómico del país, es bastante dudoso de precisar.
Porque en conclusión, los consultorios, colegios y demás servicios públicos se atiborran de necesidades más; las características informales de esos empleos indican que no aportan capital a las mermadas arcas fiscales.
Mientras más Chile requiere un ordenamiento del poder ejecutivo, pareciera que este espera que el tiempo vuele y permita lo más pronto posible, la entrega de un desorden de todo orden:
La Araucanía enfrascada en una guerra de guerrillas con el Estado, donde las fuerzas destinadas al combate, lo hacen frente a un enemigo invisible confundido entre la población civil y para mayor complicación sin atribuciones reales para ejercer el dominio del Estado.
La elección presidencial se ha convertido en una especie de estrado parecido al de la célebre Doctora Polo de la Tv latina, donde abundan acusaciones y recusaciones entre los equipos de apoyo a los candidatos, que dejan al elector con suerte a pensar votar “por el mal menor”en una Nación considerada hasta ahora como la Finlandia del continente.
La Convención Constituyente chilena, se ha convertido en la mejor muestra mundial de la nulidad y vicios de sus actuaciones y el rápido aprendizaje de algunos de sus miembros de como obtener los
mayores beneficios personales o partidarios posibles, antes de hacer lo que se supone que deberían estar haciendo.
Una ciega visión y una sordera creciente aborda a las autoridades respecto del accionar del narcotráfico en el país. Un pequeño dato de lo anterior, es la acusación efectuada a un supervisor de drones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en nada menos que Antofagasta, que nos debería poner a pensar el nivel de penetración de la corrupción de los organismos supervisores del Estado. Al respecto, las miradas se centran en la Araucanía donde el orden de los decomisos o del desbaratamiento de eventuales laboratorios fabricantes de drogas no parecen cuadrar con el avance esperado con Fuerzas Armadas incluídas, del combate a ese flagelo, cuya causa enarbolada y no desmentida es sólo la recuperación de las tierras ancestrales y la aplicación del Convenio 169 de la ONU que aboga por la autodeterminación de los pueblos indígenas que equivale jurídicamente a tener un estado dentro de otro estado. El poder de fuego, mayoritariamente periciado, corresponde a municiones de escopetas y armamento menor de 9mm, con raras excepciones que presuponen el aumento de armamento automático o de guerra, como lo denominan los medios de comunicación social.
Entre tanto algunos de los programas de Gobierno a elegir, incluyen la finalización del actual sistema previsional, por un escéptico sistema poco definido, del fin de la privatización de recursos y propiedad privada, que se ha merecido justamente el repudio de la sociedad en general por los abusos que izquierda, derecha y centro político, siguen siendo demostración de que la elites gobernantes buscan primariamente su bienestar antes de las llamadas necesidades sociales que suponen representar.
Los hechos que están ocurriendo en Chile, ya han traspasado las fronteras y sendos artículos en medios de países desarrollados llaman la atención y a la prevención del futuro del otrora país exitoso, modelo regional del crecimiento y el ordenamiento jurídico. Las transnacionales ya han tomado nota y aún cuando la inversión supuesta y genéricamente hablando no ha decaído a riesgos peligrosos es algo que está en boca de los inversionistas locales e internacionales.
Requerimos urgente de un liderazgo firme con mayoría democrática para poder salir del estancamiento, no de orden dictatorial ni de condiciones absolutistas, pero si seguimos en la senda actual, vamos directo a formar parte del desorden regional del cual ya casi en nada nos diferenciamos.
Sciat Facere