¿Qué quiere insinuar el Fiscal Nacional Jorge ABBOTT en la grave situación de la zona Macro Sur?
A las 20:10 de hoy, 19 enero del 2022 el medio electrónico EMOL reproduce una entrevista al Fiscal Nacional Jorge Abbott, quién señaló en relación a la creciente violencia en la zona Macro Sur que. “”Hay un problema con una solución que excede la respuesta del sistema penal”
Abbott desarrolló su afirmación en EMOL indicando que “el compromiso que ellos tienen es llevar adelante las investigaciones de modo tal de poder sancionar a quienes incurren en actos de tanta violencia, como lo que hemos presenciado en los últimos dos días, pero enfatizó en que eso no va a solucionar el conflicto que afecta a la Macrozona”.
Asimismo, señaló que “hay un problema que excede la investigación y un reproche penal que requiere una solución mayor donde, por cierto, el Ministerio Público pueda aportar desde el cumplimiento de su obligación constitucional particularmente de protección de víctimas y testigos”, cerrando la entrevista a EMOL reproducida en este análisis.
Por otra parte, en respuesta a los enfrentamientos el General jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, Luis Felipe Cuéllar, enfatizó este miércoles que los militares desplegados en la macrozona sur no dudarán en usar sus armas si son atacados en sus patrullajes; citó el medio electrónico Cooperativa.cl.
Cooperativa señaló que el general Cuéllar remarcó que “nosotros no somos policías, somos una parte de las Fuerzas Armadas. Quien habla, habla en nombre del Ejército de Chile, somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra”.
Ante las declaraciones y lenguaje de ambas autoridades, cabe preguntarse si se están configurando los elementos necesarios para declarar el Estado de Excepción Constitucional de Sitio, reemplazando al de Emergencia, actualmente vigente.
El Estado de Excepción Constitucional de Sitio en Chile está regulado en los artículos 39 a 45 de la Constitución Política y en la ley 18.415; “Orgánica Constitucional de Estados de Excepción.
El estado de sitio procede en casos de grave conmoción interior o de guerra civil. Puede ser declarado por el Presidente de la República con aprobación del Congreso dentro de un plazo de cinco días. En casos urgentes, puede decretarse sin esperar la decisión del Parlamento, pero solo limitando el derecho de reunión. El estado de sitio dura hasta 15 días, los que pueden ser renovados.
Por el Estado de Excepción pueden ser restringidas la libertad de transporte y desplazamiento y el derecho a reunión. Puede también detener a personas en sus casas o recintos que no sean cárceles. También, puede delegar funciones en los Intendentes y Gobernadores o en los jefes militares que designe al efecto. Además, si el estado de sitio es por causa de guerra civil, cesa la competencia de los tribunales civiles y militares de tiempo de paz, y en su lugar asumen los tribunales militares de tiempo de guerra (en este caso, los Jefes de Plaza).
Si el Fiscal Nacional indica que el problema de la creciente situación de violencia en la Zona Macro Sur rebasa la ley y su aplicación, queda entonces traspasada la competencia al Poder Ejecutivo en primera instancia y en segunda; al Poder Legislativo.
Es probable que el Ejecutivo evite caer en el decreto de estado de sitio, mediante la mediación política, que ojalá involucre al Presidente electo, quién podría descomprimir la situación, pese a que las comunidades han anunciado su intención de continuar la lucha por sus reivindicaciones, por la vía armada.
Si se continúa incrementando la violencia, los militares no actuarán sin tener un marco como el que les otorga el estado de sitio, para evitar consecuencias legales derivadas de su accionar.
Tras las declaraciones del Fiscal Nacional, el balón político ha quedado en manos del Gobierno y las autoridades políticas, que pueden optar por dejar pasar la temporada estival para traspasar el problema a las autoridades elegidas y ahorrarse un problema más; esta vez de consecuencias insospechadas.