El fin de la seguridad voluntaria para las empresas en Chile

Con la entrada en vigencia de la Ley 21.659 y su nueva Matriz de Factores de Riesgo, el Estado chileno ha cambiado las reglas del juego al arrogarse la potestad de determinar qué entidades están obligadas a mantener medidas de seguridad privada. A través de una fórmula técnica ineludible que evalúa doce indicadores internos y externos, las autoridades clasificarán el nivel de riesgo de cada organización para imponer exigencias regulatorias concretas.

Para miles de empresas esta evaluación significa enfrentar un mandato obligatorio que, de no cumplirse en los plazos acotados, puede acarrear multas de hasta mil UTM e incluso la clausura temporal de sus establecimientos. Sin embargo, en Sciat Facere hemos demostrado mediante casos prácticos que una correcta aplicación de esta normativa y el diseño de un plan integral logran transformar lo que parece un simple gasto regulatorio en una inversión rentable, capaz de reducir drásticamente las millonarias pérdidas por mermas y robos.