CHILE Y SEGURIDAD PRIVADA 2022: DESAFIOS
Cuando revisamos el índice estadístico de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre el año 2020 y 2021, se registra una baja de más de 50.000 casos en delitos de mayor connotación social.
Sin embargo y sin el ánimo de polemizar pero sí informar objetivamente; los casos registrados en el Sistema Stop de Carabineros de Chile divulgados por Bio Bio Chile el domingo 9 de enero, señala que “en la primera semana de este año los robos con violencia aumentaron 70%, en comparación con igual fecha de 2021; los robos con intimidación, 61%; los robos con sorpresa 74%, y los robos violentos de vehículos, 44%”.
A la Ley de Seguridad Privada vigente, cuya data es de 1981, le fue agregado un Reglamento que regula los “NUEVOS ESTÁNDARES PARA PERSONAS, PERSONAL Y EMPRESAS QUE RECIBEN SERVICIOS O REALIZAN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA, Y MODIFICA DECRETOS QUE INDICA”.
Analizado el mismo, nos encontramos con una serie de vacíos técnicos que protegen y otorgan ámbito de acción especialmente y lo más importante: el Vigilante Privado. El único efecto práctico inmediato causado por este Reglamento dictado el 2017, fue una modificación de la indumentaria que deben vestir los integrantes de una empresa de seguridad privada.
Durante la pandemia causada por el COVID 2019, se debió dictar un decreto que autorizó a los vigilantes de seguridad, controlar la temperatura y luego los aforos en cada lugar donde se atendiera público o similares. Ello, subrayó el escaso margen de acción que poseen, el cual se limita prácticamente a una presencia física.
Los robos en Chile, que han sufrido modificaciones en sus modus operandi, como el dado a conocer por Sciat Facere en una columna de análisis, describe los turbazos, donde la realidad de la seguridad privada se hace presente, incapaces jurídicamente de defenderse con medios disuasivos y lo que es peor, arriesgando su integridad.
El fenómeno migratorio también ha aterrizado en las empresas de seguridad. La fuerza laboral, ávida de recursos, forman parte de las empresas, como nocheros y rondines, con un sistema de control desbordado por parte de la Autoridad, ante la avalancha de personas interesadas en acreditarse ante el OS10 Departamento de Control definido por la Ley.
En un par de entrevistas, efectuadas para generar este análisis, me encontré con la eventual realidad de que ciudadanos extranjeros en calidad de indocumentados, quienes han ingresado por la zona de Colchane donde existe todo una aparato comercial para ingresarlos subrepticiamente al país, para luego trasladarlos en furgonetas a Iquique en horas de la noche. De allí por diferentes medios, incluído el aéreo llegan a Santiago muchas veces sin lugar ni dinero para alojar.
Los entrevistados aseguraron que miembros del llamado Tren de Aragua, banda delictual de origen venezolano, están presentes en algunas empresas ofreciéndose como nocheros y rondines por valores por debajo de los que se manejan en el mercado, con la finalidad de aprender rutinas, seleccionar posibles blancos para secuestros o robos de vivienda.
Generalmente, los guardias de seguridad pasan desapercibidos. Mal apreciados, muchas veces con pagos bajos de rentas, otras sin mayor conocimiento legislativo, que finalmente no dimensionamos la cantidad de información a la que tienen acceso y son a quienes confiamos la seguridad de nuestras familias y negocios.
Este tipo de vivencias, nos debe hacer determinar una fórmula, por la vía de la cooperación del rubro de empresas de seguridad, apoyados por la autoridad para cotejar datos identificatorios de todo aquel postulante a este tipo de labores.
En Chile, existen algunos organismos que aúnan los esfuerzos de la seguridad privada. El Colegio de Profesionales de Seguridad Privada, la ONG ASIS INTERNACIONAL y algunos sindicatos desatomizados y por tanto sin peso para generar cambios, deberían buscar organizarse eficientemente ante la segura alza de los delitos en nuestro país, confirmados más allá de las cifras, los hechos que diariamente nos informan.
Es de la mayor necesidad un trabajo comunicacional eficiente generado por una supra organización que conduzca los destinos de la seguridad privada nacional, con participación del Estado, coordinados y bajo los mismos intereses.
El actual Gobierno, a un mes de ejercicio, debería tener en cuenta la efectividad y apoyo del sector privado de seguridad, para normalizar los alterados índices de delincuencia y la sensación de inestabilidad de la integridad personal.